«Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez que va a tener pruebas». Así se manifestaba el presunto cabecilla del caso Koldo, Víctor de Aldama, a la salida de prisión, apenas unas horas después de manifestar en la Audiencia Nacional su «disposición» para seguir colaborando con la justicia, también ante el Tribunal Supremo en relación con la causa abierta contra el actual diputado y exministro José Luis Ábalos.
Durante su comparecencia ante el instructor del caso y en presencia del fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, el empresario corroboró y también amplió muchos de los indicios apuntados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que llevan meses analizando sus relaciones con el asesor de Ábalos, Koldo García, para ganar influencia en el Ministerio de Transportes y otras administraciones en la órbita del PSOE.
A ello sumó nuevas revelaciones que apuntan al presidente Sánchez y sus ministros de Hacienda (María José Montero) Política Territorial (Víctor Ángel Torres), Transición Ecológica (Teresa Ribera ) e Interior (Fernando Grande-Marlasca), todos ellos aforados ante el alto tribunal en el caso de que las manifestaciones del considerado como nexo corruptor de la trama Koldo dieran lugar a la apertura de una investigación formal contra ellos. La pelota se encuentra en el tejado del Supremo, pero Aldama está facultado -e incluso obligado- a golpearla.
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Así lo reconoció él mismo al término de su comparecencia de casi dos horas en la Audiencia Nacional, después de que el fiscal Pastor le recordara que había acudido voluntariamente y le instara a ratificar en ese momento «su voluntad» de comparecer y declarar siempre que se le pidiera y no solo ante el juez del caso Koldo. «También ante el Juzgado Central número 5 –que es el que le mantenía en prisión provisional por un fraude de hidrocarburos — como ante la Sala de lo penal del Tribunal Supremo», donde se sigue la causa contra Ábalos.
Comparecer y declarar siempre
Esta actitud debe mantenerse, según el representante de Anticorrupción, «a efecto de comparecer todas las veces que sea, no solo a instancia suya, sino a instancia del órgano de instrucción, comparecer y declarar siempre a todas las preguntas que le sean formuladas, al menos, por el juez y el fiscal». Tras la advertencia le hizo una pregunta muy concreta — ¿Manifiesta usted su disposición?– que fue respondía por Aldama de forma tajante: «Manifiesto mi disposición y colaboración».
De este modo, De Aldama puede solicitar su comparecencia como testigo en el alto tribunal, para aportar las pruebas que dice tener contra el Gobierno, y además debe acudir siempre que se le reclame para dar las explicaciones que se le soliciten. Por el momento, el juez Ismael Moreno ha dado traslado a la Sala de lo Penal del Supremo de su comparecencia, que deberá ser analizada por el magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa ya abierta contra el ex ministro y ex secretario de organización del PSOE por varios presuntos delitos de corrupción.
Lo previsto es que Puente de oportunidad en los próximos días a Ábalos para acudir a declarar de forma voluntaria ya que, de rechazar esta posibilidad, el Supremo tendría que tramitar un suplicatorio para que el Congreso pudiera obligar a su diputado del grupo mixto a comparecer ante la justicia. A partir de ahí podrán ordenarse otras diligencias e incluso ampliar las pesquisas en relación con los nombres señalados por Aldama en su confesión.
Respuesta en los tribunales
Tras conocer la declaración del comisionista –que le acusa de haber recibido pagos en metálico que superarían los 600.000 euros, además de dádivas como el pago del alquiler de un piso para una mujer con la que mantenía una relación sentimental y el disfrute de un chalet en Cádiz– Ábalos reaccionó negando lo que considera «acusaciones difamatorias» y anunciando acciones legales contra Aldama.
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En la misma línea se han pronunciado otros dirigentes socialistas salpicados por la confesión. Así, el PSOE materializó este viernes su amenaza de demandar al presunto cabecilla de la trama Koldo,. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado estas acciones judiciales ante lo que consideró unas acusaciones «graves» y falsas «sin ni una sola prueba». La demanda, en nombre de todos los señalados, incluido el presidente Pedro Sánchez, será para defender su «derecho al honor«, según avanzo en rueda de prensa desde. En esta ocasión no se recurrirá a la abogacía del Estado, como sí hizo el jefe del Ejecutivo para querellarse contra el juez que investiga a su mujer.
Aldama señaló sus vínculos Pedro Sánchez –en relación con un viaje de empresarios organizado a México en 2019-– como revelando comisiones al exministro José Luis Ábalos, al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (15.000 euros) y al jefe de gabinete de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero (25.000 euros). Igualmente, habló de sus contactos con otros miembros del Ejecutivo como Teresa Ribera, esta última en relación con un proyecto para impulsar poblaciones de la España Vaciada que habría contado en una de sus reuniones con la presencia de la propia esposa de Sánchez, Begoña Gómez.
