El Gobierno tenía que aprobar más de una decena de normas con rango de ley para poder obtener los siguientes pagos de fondos europeos. Entre ellas estaban la ley de familias, la de servicios sociales, cambios en los beneficios fiscales, la ley de industria, un paquete de reformas en el ámbito sanitario y de los medicamentos, una legislación para reorganizar las subvenciones públicas en torno al ingreso mínimo y la ley de eficiencia organizativa en la justicia. Sin embargo, la Comisión Europea le ha concedido algo más de tiempo. Ha aceptado retrasos en algunas de ellas a cambio de adelantar otros hitos comprometidos que ya estaban ejecutados como algunas inversiones en Cercanías, energías renovables, mantenimiento de costas, I+D y ciberseguridad. Y también le reclama como contrapartida subir la fiscalidad del diésel, incluyéndola como una nueva exigencia vinculada a los fondos europeos.
