Los reveses judiciales al modelo de campos de deportación de Italia en Albania, la receta fallida para frenar la inmigración de la primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni, no han disuadido a la Comisión Europea de avanzar hacia esa vía, como reclaman cada vez más países en una Unión Europea derechizada y crecientemente blindada. El Ejecutivo comunitario estudia ya el coste financiero de crear estos puntos fuera de la Unión Europea para enviar a los solicitantes de asilo. “Hemos profundizado nuestro análisis de formas innovadoras de luchar contra la migración ilegal, siguiendo las prioridades señaladas por los Estados miembros”, explica la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en una carta enviada sobre las líneas de actuación del Ejecutivo a los líderes europeos. “Estamos estudiando la mejor manera de introducir en el marco jurídico la posibilidad de establecer estos centros”, les informa la conservadora alemana.
