El Gobierno andaluz (PP) ha admitido este martes ante el juez José Antonio Gómez que en 2020 cambió la fiscalización de los contratos de emergencia sanitarios, una decisión trascendental porque afectó a convenios por 242 millones con la sanidad privada, sin los informes previos preceptivos. El Consejo de Gobierno del Ejecutivo aprobó el 6 de octubre del año de la pandemia suprimir la fiscalización previa de dichos contratos por el control financiero permanente, basándose solo en una petición verbal que le hizo el viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, al de Hacienda, Roberto Ochoa, en el llamado Consejillo. Así lo ha explicado esta mañana la viceconsejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez, que ha declarado como testigo ante el juez del caso de los contratos de emergencia sanitarios, titular del Juzgado 13 de Instrucción de Sevilla, según fuentes del caso.
