La posibilidad de prorrogar el impuesto que afecta a las grandes energéticas se diluye como un azucarillo en un café y en el Ejecutivo ya asumen que será prácticamente imposible aprobar la medida. El gran problema está en el difícil juego de equilibrios con el que lidia casi a diario el Gobierno, un panorama que cobra especial relevancia en materia tributaria por las posiciones antagónicas de sus socios habituales, cuyos votos, sin excepción, son imprescindibles para cualquier movimiento. En el Ministerio de Hacienda reconocen que sacar adelante el impuesto es “un objetivo complejo porque la realidad es que actualmente las posiciones están muy alejadas”, aunque animan a “dar una oportunidad al diálogo y evitar generar mayor crispación”. Otras fuentes gubernamentales, sin embargo, ya avanzan que en estos momentos las opciones de que la iniciativa vea luz verde son prácticamente nulas. Ante este panorama, el Ejecutivo está centrando sus esfuerzos en buscar la fórmula idónea para poder aprobar antes de que termine el año otra medida trascendental para las cuentas y que todavía queda pendiente: la equiparación fiscal del diésel a la gasolina.
