
Tres semanas después de la masiva manifestación que pidió en Barcelona una bajada del precio de los alquileres y que apuntaba a la convocatoria de una huelga de alquileres, el Sindicato de Inquilinas ha presentado este miércoles el caso de los dos primeros edificios de Cataluña que recurrirán a esta fórmula para mejorar la situación de sus inquilinos. Se trata de dos inmuebles de Salou (Tarragona) y Sentmenat (Barcelona) que en origen eran de protección y gestionados por InmoCriteria, a quienes los inquilinos llevaron a los tribunales por supuestas cláusulas abusivas en sus contratos, y que en el caso de la primera acaba de ser comprada por la Generalitat. Los vecinos han comenzado o se disponen a protagonizar en febrero huelgas que consisten en dejar de pagar el alquiler a la propiedad, pero lo ingresarán en una cuenta común. El objetivo es presionar para mejorar sus condiciones.