Ana Sánchez (37 años), camarera en un hotel, sufre una lesión cervical. “No me han adaptado el puesto de trabajo. Me dicen que cargue lo que pueda, pero no ha venido nadie de prevención de riesgos laborales a ver cómo debo hacerlo para que no me haga daño”, cuenta esta empleada canaria. Reconoce que trabaja a un ritmo muy parecido al de antes de su lesión, ya que si no “cargas de más trabajo a tus compañeros; somos los que somos, si vas más despacio el trabajo no sale”. Pablo Alcázar, de 28 años, también ha trabajado con dolor: “Tuve un problema de ligamentos en la mano por un accidente laboral, por coger mucho peso al vuelo”, rememora, sobre su etapa en un establecimiento de comida rápida. “Los jefes fueron muy comprensivos al principio, pero a la larga como que sospechaban y me exigían cada vez más. Nunca hubo una adaptación formal de mi puesto de trabajo tras la baja. Es duro trabajar con dolor, pero tenía el alta. No me quedaba otra”, comenta este empleado de Castellón.
Bajas al alza
Las cifras oficiales dibujan una senda creciente preocupante respecto a las bajas laborales. Los datos de la Seguridad Social a cierre de 2023 indican que las incapacidades temporales por contingencias comunes registraron una prevalencia media de 47,3 por cada 1.000 asalariados. Es el máximo desde que hay cifras consolidadas, una serie que empieza en 2007. Entonces era 32,4, registro que cayó hasta un mínimo de 19,1 en 2012. El crecimiento también se da entre los autónomos, en máximos históricos, personas a las que una baja reduce muchísimo sus ingresos. La prevalencia de la incapacidad temporal por contingencias comunes por cada 1.000 autónomos protegidos ascendió en 2023 a 40,69, muy por encima del 27,73 que esta variable se anotó en 2014.
Los motivos principales del incremento, según los expertos, son el envejecimiento de la población trabajadora (hoy los ocupados de 50 años o más son el 35% del total, más que nunca; hace dos décadas eran el 19,6%) y el atasco en la sanidad pública (España registró en 2023 un récord de 849.535 personas en listas de espera quirúrgicas, casi el doble que hace 20 años, cuando había 9,78 personas en esta situación por cada 1.000 habitantes; hoy son 18,11).
Un informe reciente del Ivie pone en relación el impacto de la incapacidad temporal en España con respecto a sus vecinos europeos, un diagnóstico en el que el país queda mal parado. España es el segundo país con un mayor número de ocupados que se ausentan del trabajo por enfermedad (4,1%, empatados con Portugal y solo por detrás de Francia) y es el cuarto que más proporción de su PIB gasta en prestaciones por incapacidad temporal (un 1,4%, solo por detrás de Países Bajos, Alemania y Suecia).
