El Gobierno prepara su segundo asalto para intentar aprobar la subida fiscal al diésel que no logró sacar adelante hace dos semanas, cuando el Congreso dio luz verde parcialmente a la reforma tributaria que había diseñado el Ministerio de Hacienda tras una negociación agónica con sus socios. En los próximos días, con la intención de que sea antes de que termine el año, el Ejecutivo llevará a la Cámara baja la equiparación del gasóleo a la gasolina en términos impositivos, lo que supondría encarecer en unos 11 céntimos cada litro repostado y engordar los ingresos públicos en aproximadamente 1.500 millones de euros por año. La cifra, resultado de la propia subida y de los efectos posteriores que esta tendría en el IVA, permitiría al Gobierno cumplir con una de las exigencias que reclama Bruselas para incrementar la capacidad fiscal de España y sanear sus cuentas. Por eso, dada la importancia que tiene la medida, el Ejecutivo está negociando con los aliados parlamentarios para consensuar la fórmula idónea y no poner en peligro su aprobación.