La Audiencia Nacional ha puesto fin a las intenciones de Pedro Rocha de optar a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al serle denegadas las medidas cautelares que el dirigente extremeño solicitó con el fin de paralizar la inhabilitación de dos años que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Los tres jueces encargados de deliberar han resuelto que no conceder la cautelar no supone un daño irreparable para Rocha, sancionado por el TAD por excederse en sus funciones al despedir por su cuenta al secretario general Andreu Camps cuando presidía la Comisión Gestora que reemplazó a Luis Rubiales. El resto de los miembros de la citada gestora no fueron consultados como marca la normativa y este ha sido el error de bulto que ha terminado con la carrera de Rocha hacia la presidencia del fútbol español. De haber prosperado este último recurso —ya le habían denegado por dos veces las medidas cautelares—, Rocha hubiera sido investido presidente de la RFEF sin necesidad de votación porque la gran mayoría de los barones territoriales habían firmado un pacto de apoyo al exdirigente en el caso de que este pudiera presentarse.
