Doña Delmy Cortez lleva 11 años intentando transformar la rabia y la impotencia en reparación. Como un mantra, se ha repetido una y otra vez que los tribunales se han demorado tanto porque “están pensando muy bien cómo hacerle justicia” a su hija, Beatriz, quien falleció cuatro años después de la negación de un aborto terapéutico. Este viernes, al fin, llegó. Al menos una parte de lo que buscaba. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido un fallo pionero en materia de salud sexual y reproductiva que exige a El Salvador —uno de los cinco países latinoamericanos que prohíbe el aborto en cualquier circunstancia— la creación de protocolos “médicos y judiciales frente a embarazos que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer”. Con esta sentencia, reconocen por unanimidad que existe una responsabilidad del Estado “por violencia obstétrica y violaciones a la salud, acceso a justicia, el derecho a la integridad personal, vida privada y a vivir una vida sin violencia”, tanto de ella como de sus familiares.
