Nuestra Carta Magna obliga a los poderes públicos a hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y, con este fin, impedir el aumento especulativo de su precio mediante la regulación del uso del suelo. A pesar de este claro mandato constitucional, los precios de la vivienda en propiedad están en las grandes ciudades y sus conurbaciones en niveles imposibles, similares a los registrados durante la burbuja inmobiliaria. El alquiler tampoco es una alternativa, pues su fuerte crecimiento hace tiempo que dejó de estar vinculado al de los salarios y un rentismo extractivista succiona como un parásito sin fondo muchos de los esfuerzos del gobierno o las organizaciones sindicales para mejorar el poder de compra de los hogares. Este grave problema golpea el corazón de una ciudadanía que no encuentra solución en unos poderes políticos que parecen atenazados. Al menos una parte del gobierno de coalición parece tener miedo a “hacerlo bien”, pues ello implica coger el toro por los cuernos y abandonar la zona de confort donde es fácil escurrir el bulto hacia los gobiernos autonómicos que tienen las competencias de vivienda y mayoritariamente están gobernadas por el Partido Popular. Pero aun siendo cierta la deserción de los gobiernos autonómicos, no lo es menos que el Gobierno central puede y debe hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora, que el tiempo corre en contra y que está siendo muy lento el cambio de mentalidad en los responsables del ramo cuando las soluciones a desarrollar son bien conocidas, pues no son otras que las que ya han tenido éxito en otros países.
